Es difícil encontrar un precedente tan grosero de abuso de formas institucionales para ignorar la voluntad popular. El congreso paraguayo destituyó en escasas horas al Presidente de ese país, sin darle el menor espacio para el ejercicio de defensa y en base a cargos que no se tomó la molestia de demostrar, algunos de ellos absurdos por su solo enunciado.
La información que se conoce sobre los hechos previos a una medida de tal gravedad indica que los poderosos intereses económicos y sus respectivos correlatos políticos se agruparon rápidamente para desplazar al primer magistrado electo en comicios transparentes, luego de décadas de gobiernos dictatoriales o surgidos de procesos oscuros y por completo desvinculados de la opinión del pueblo paraguayo.
No nos referiremos aquí a las circunstancias políticas propias del país hermano por cuanto lo que queremos abordar y destacar es lo absurdo –y esencialmente antidemocrático- de un procedimiento cuya celeridad hace que sobren las palabras.
La diferencia entre los golpes de estado cívico-militares, que la región empezaba a considerar como una penosa historia a recordar siempre para que no se repita, y el que hoy comentamos es el uso, mejor dicho, el abuso, de las formas institucionales para desplazar al gobernante que los paraguayos eligieron y debía completar aún diez meses de mandato.
La cercanía de una elección presidencial es otro elemento más para descalificar una maniobra perpetrada por quienes demostraron, una vez más, donde radica el poder real en una sufriente nación cuya dirigencia sigue peleando con desesperación por cada resorte de poder con una energía que jamás dedicó a resolver los problemas de su pueblo.
La rápida y fuerte respuesta por parte de los gobiernos de la región, reunidos en la UNASUR, demuestra un compromiso con los tratados internacionales, el respeto por la voluntad de cada pueblo y la vigencia del sistema democrático que no deben dejar de valorarse. No cabe duda de la necesidad de recordar los antecedentes golpistas que invariablemente condujeron a empeorar la situación de la inmensa mayoría de las personas, a la pérdida de miles y miles de vidas, la afectación grave de los derechos y las libertades y a una mayor aún concentración de poder.
En la misma línea de razonamiento, la experiencia paraguaya sirve para advertir a qué extremos pueden conducir los enconos exacerbados por las pequeñas y no tan pequeñas luchas de poder.
Es preciso que la sociedad –y la argentina en particular- esté alerta para evitar y enfrentar los planteos tremendistas que, casi siempre a partir de intereses grupales o personales, o incluso de reclamos legítimos pero desproporcionados por su intransigencia o excesos, pueden conducir al desprecio por la voluntad popular que sólo se expresa, en toda su dimensión, en las urnas.
El desprecio a la Ley y a los procedimientos democráticos sólo puede beneficiar a unos pocos y necesariamente perjudica al conjunto social.
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